Uruguay acusó a la Argentina de manipular los datos de monitoreo ambiental a la pastera situada en Fray Bentos, y en Buenos Aires cuestionaron al gobierno de José Mujica por no informar sobre la contaminación real que habría en el río Uruguay.
En medio de esta disputa, hay un largo listado de irregularidades que del lado argentino desnudan una política de oscurantismo que rodeó a la CARU.
Con la resolución 817/2006, firmada por el entonces canciller Jorge Taiana, la Argentina comenzó a transitar un camino sinuoso en el manejo de datos que se mantuvo hasta ahora. En ese documento secreto, al que accedió LA NACION, el Gobierno decidió mantener bajo carácter "reservado" todas las actas que la CARU emitiera en relación con el conflicto por la ex Botnia. La medida se hizo retroactiva a las actas de 2002 en adelante. Ésta fue una decisión unilateral de la Argentina, y así se impidió conocer los informes de impacto ambiental que los científicos de ambos países tenían entre manos y que nunca se pusieron de acuerdo en divulgar.
El Gobierno sustentó esta decisión en la necesidad de "evitar que la circulación de las actas pueda poner en riesgo la posición de la Argentina" en el diferendo que se llevó a la Corte Internacional de La Haya. Pero la reserva de datos se mantuvo más allá del fallo que en 2010 emitió la justicia internacional y, al parecer, le sirvió a la Argentina para frenar informes de monitoreo ambiental.
"La reserva fue una estrategia clara de la Argentina para evitar que se dieran a conocer informes contrarios a la idea de contaminación que se quería mostrar a los asambleístas de Gualeguaychú con fines electorales", expresó a LA NACION un destacado diplomático uruguayo.
"El secreto es para la sociedad civil y la opinión pública claramente en violación de lo que establece la ley 25.831 sobre información pública ambiental y el Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional", dijo a LA NACION Raúl Estrada Oyuela, ex representante argentino ante la CARU.
En medio de ello, fuentes confiables de la Cancillería aseguran que el carácter reservado que impuso unilateralmente la Argentina a las actas también le sirvió al Gobierno para no exhibir las abultadas "dietas" en dólares que varios funcionarios de la CARU recibían sin intervención de la Auditoría General de la Nación, ya que los presupuestos de esa comisión y su ejecución no se auditan.
El asambleísta de Gualeguaychú Jorge Fritzler dijo a LA NACION que en más de una oportunidad los habitantes de esa ciudad entrerriana le pidieron en vano a la CARU que entregara los informes de impacto ambiental. "Nunca quisieron transparentar la información, y tampoco el referente argentino en la CARU Hernán Orduna nos quiso recibir", añadió Fritzler.
Ayer, Uruguay pidió a la Argentina que los informes ambientales sobre la ex Botnia se hagan de los dos lados del río. Al parecer, este reclamo apunta a profundizar el digesto de la CARU que sostiene que la contaminación debe producir "efectos deletéreos o daños a los recursos vivos, riesgo a la salud humana, amenaza a las actividades acuáticas incluyendo la pesca, o reducción de las actividades recreativas". Nada de esto se sabe porque los informes de contaminación que dio a conocer Héctor Timerman fueron rechazados por Mujica por entender que sus resultados se manipularon. Por eso nadie sabe si el río está contaminado como consecuencia de la ex Botnia o de agroquímicos o desechos que se arrojan en otros lugares cercanos a la pastera.
Los ambientalistas de Greenpeace y de otras ONG consultados coincidieron en que los datos que hasta ahora dio a conocer la Argentina son "confusos". Los enredos jurídicos y reglamentarios que impuso la Argentina no hicieron más que aumentar los niveles de confusión.
Una resolución muy polémica
El documento que la Argentina emitió para no mostrar las actas
Carácter "reservado" Desde que el Gobierno emitió la resolución 817 2006, todas las actas y documentos que salían de la Comisión Administradora del Río Uruguay eran de carácter "reservado". Esa medida se hizo retroactiva a 2002 y la firmó el ex canciller Jorge Taiana. Hasta ahora la Argentina mantuvo el carácter reservado de todo lo actuado por la CARU, incluidos los informes ambientales
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